Con una amplia mayoría en la Junta Directiva, los gremios del Atlántico han venido manejando la Corporación Parque Cultural del Caribe, recibiendo multimillonarios aportes del sector público que, sin embargo, ha estado relegado en la minoría de las decisiones.

Se trata de un esquema similar al que los gremios implementaron en diferentes entidades aliadas, que igualmente han recibidos multimillonarios aportes del Estado, sin que se conozcan los informes sobre la adecuada inversión de los mismos.

En el caso del Parque Cultural del Caribe se ha mantenido el mismo silencio ante la opinión pública.

La Junta Directiva está conformada, de manera institucional, de la siguiente forma:

- Principales. Fundación Mario Santo Domingo, Cámara de Comercio de Barranquilla, Fundación Argos, Fundación Museo de Arte Moderno de Barranquilla, Departamento del Atlántico y Distrito de Barranquilla.

- Suplentes. Fundación Mario Santo Domingo, Cámara de Comercio de Barranquilla, Fundación Promigas, Fundación Cinemateca del Caribe, Departamento del Atlántico, Distrito de Barranquilla.

La participación gremial en la junta es inversamente proporcional a los recursos aportados. Es decir, con menos recursos económicos hacen mayoría para la toma de decisiones.

Con el Estado ocurre exactamente lo contrario: con la mayoría de los recursos aportados, tiene minoría en la toma de decisiones.

En el caso de la Junta Directiva del Parque Cultural del Caribe, tanto el representante de la Alcaldía Distrital como de la Gobernación del Atlántico, solo tienen voz, pero no tienen voto.

Un claro ejemplo de ello fueron los recursos aportados por el Estado para la construcción del Parque Cultural del Caribe en el período 1999 - 2009, así: Alcaldía de Barranquilla, $1.800 milones (7,94%); Gobernación, 4.022 millones 500 mil pesos (17,76%) y otras entidades públicas, 11.327 millones 882 mil 521 pesos.

Por su parte, los aportes de las entidades privadas ascendieron a 5.492 millones 565 mil 284 pesos.

Esto significa que de los 22.642 millones 947 mil 805 pesos, 17.150 millones 382 mil 521 pesos (75,74%) correspondieron al sector público la suma restante (24,25%) a los aportes privados.

Luego, para la operación, el Distrito aportó, en el período 2009 -2017, la suma de 3.587 millones 269 mil 54 pesos y la Gobernación otros 5.316 millones 803 mil 358 pesos, para un total entre ambos entes territoriales de 8.904 millones 72 mil 412 pesos.

Lo inexplicable del caso es que con la gran cantidad de recursos aportados por el sector público el proyecto esté convertido en un fracaso total. Situación que, de ninguna manera, podría atribuírsele al sector público porque el manejo administrativo y financiero ha estado plenamente en manos de los gremios de la ciudad, quienes son los únicos que deben dar las explicaciones del caso.